Desde hoy hasta al menos el 28 de febrero de 2027, dependiendo de la evolución de la situación, entra en vigor en todo el territorio de Castilla y León la orden de declaración de emergencia cinegética por jabalí, cuyo propósito es reforzar de manera urgente las medidas de prevención frente a la Peste Porcina Africana en todo el territorio autonómico.
La orden establece un conjunto de medidas extraordinarias que amplían las posibilidades de intervención sobre las poblaciones de jabalí, tanto mediante la caza como a través de los controles poblacionales. La previsión de la Junta es que se abatan alrededor de 52.000 ejemplares cada año, es decir, uno de cada cuatro de los más de 200.000 que se calcula existen en la comunidad autónoma.
Los titulares cinegéticos deberán informar quincenalmente sobre los resultados de las acciones de caza con la finalidad de evaluar con inmediatez los niveles de reducción de las poblaciones de jabalí y de otros suidos silvestres y sus hibridaciones.
Castilla y León, indemne
Las medidas más destacadas a poner en marcha, desde Castilla y León, donde hay que recordar que estamos indemnes a esa enfermedad, son de carácter preventivo, y tienen que ver con la reducción del censo de jabalíes y con las normas de bioseguridad de granjas y empresas que se relacionan con las granjas.
ASAJA pide un plan nacional
ASAJA valora que se escuche la petición del sector ganadero de facilitar la caza, dada la sobrepoblación de jabalíes existente, sobre la que es preciso actuar ya.
En segundo lugar, ASAJA advierte que hoy por hoy los cazadores están sometidos a una burocracia excesiva y, en ocasiones, innecesaria, requisitos que deberían ser replanteados y más en estos momentos de emergencia en los que somos conscientes de la importancia de efectuar controles cinegéticos ante una fauna desbordada.
Para el presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, “la superpoblación de jabalíes que hoy existe ha sido consecuencia de muchos años de dejación y de conservación mal entendida que ha derivado en un censo descomunal sobre el que es muy difícil actual, por lo que mucho nos tememos que las medidas previstas se van a quedar muy cortas”.
Por ello, desde ASAJA exigimos un plan nacional coordinado y presupuestado entre el gobierno y las comunidades autónomas que posibilite los medios necesarios para que cazadores profesionales pagados puedan controlar una población de jabalíes que hoy es un riesgo sanitario y de seguridad para todo el país.
