La aplicación del artículo 69 incluido en la última reforma de la PAC, decidida por el Ministerio de Agricultura el pasado viernes tras una irregular convocatoria de la Sectorial que agrupa a los consejeros del ramo, encaja a la perfección en el modelo marcado por Elena Espinosa y su equipo: intervenir al máximo en la distribución de las ayudas agroganaderas con fines políticos.

La aplicación del artículo 69 incluido en la última reforma de la PAC, decidida por el Ministerio de Agricultura el pasado viernes tras una irregular convocatoria de la Sectorial que agrupa a los consejeros del ramo, encaja a la perfección en el modelo marcado por Elena Espinosa y su equipo: intervenir al máximo en la distribución de las ayudas agroganaderas con fines políticos.

Desde que se conociera el contenido de la reforma de la PAC, a finales de 2003, ASAJA advirtió del dislate que suponía el artículo 69, que faculta a los Estados miembros a retraer una cantidad de las ayudas, hasta un máximo del 10 por ciento, para aplicarla en determinados sectores o programas. El peligro de esta posibilidad, que estos fondos se utilizaran políticamente, era evidente. Y de hecho puede ocurrir en España, donde varias comunidades autónomas –entre ellas, la nuestra– han alertado sobre la posibilidad de que este dinero “emigre” hacia Galicia y la Cornisa Cantábrica.

La aplicación del artículo 69 supondrá un recorte de las ayudas del 7 por ciento en el sector del vacuno de carne y un 10 por ciento en el de leche (también habrá un 10 por ciento en el tabaco, cultivado en algunas zonas de Castilla y León). A estas reducciones hay que sumar las derivadas de la modulación, que ya ha comenzado a aplicarse en 2005 (un 3 por ciento) y que será del 4 por ciento en 2006 y del 5 por ciento en 2007. “Se trata de dinero que pertenece al sector y que los ganaderos dejan de percibir, por obra y gracia de la ministra”, subraya ASAJA. La organización profesional está de acuerdo con que se ofrezca apoyo a determinados sistemas productivos o tipos de explotación, “pero este apoyo debería ser sufragado con fondos específicos, no mermando la ayuda de los ganaderos”.

Por último, hay que lamentar la postura de organizaciones agrarias como COAG y UPA, quienes mientras en Castilla y León se dedican a “marear la perdiz” y a mostrar una supuesta disconformidad con la decisión del Ministerio, en Madrid apoyan con felicitaciones y aplausos este nuevo e impresentable recorte de las ayudas, que sesgará la competitividad del sector.