Pretenden indemnizar a los titulares de explotaciones cuyos cultivos de patata padezcan la contaminación de estas enfermedades o sus producciones queden inutilizadas debido a su inmovilización

La Consejería de Agricultura publicó el 29 de agosto la Orden que regula las ayudas por la aplicación de las medidas fitosanitarias para la erradicación de las bacteriosis ‘Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus’ y ‘Ralstonia solanacearum’.

Estas ayudas, que contarán con una partida presupuestaria de 90.000 euros –180.000 en total- para los años 2002 y 2003, pretenden indemnizar a los titulares de explotaciones cuyos cultivos de patata padezcan la contaminación de estas enfermedades o sus producciones queden inutilizadas debido a su inmovilización, por Resolución de la Dirección General de Producción Agropecuaria, dictada entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003.

Serán objeto de indemnización los gastos de arranque y destrucción de las plantas, con las siguientes cantidades: hasta 12 euros por tonelada de patatas arrancadas, para su destrucción; hasta 6 euros por tonelada en concepto de carga, transporte y descarga, y hasta 9 euros por tonelada de patata destruida.

También podrá recibirse ayuda por las plantaciones o material destruido, que puede llegar hasta el 100 por 100 de los gastos, y por la pérdida de valor de las producciones de patata de siembra bajo sospecha de contaminación. Las cantidades que se podrán cobrar, tanto en el caso de la destrucción de la patata como en su pérdida de valor por inmovilización, alcanzarán un máximo del 80 por ciento del valor, que se fijará en función los siguientes criterios: el precio pagado por el productor a sus agricultores colaboradores (patata de siembra) y el precio de mercado establecido en la lonja más próxima a la explotación en la semana en la que se efectúe en arranque (patata de consumo).

Las solicitudes podrán presentarse en los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería durante un periodo de tres meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución. La Consejería se compromete a resolver todas las solicitudes presentadas en un plazo de seis meses.

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