La reciente aprobación por parte de la Comisión temporal sobre Perspectivas Financieras del Parlamento Europeo de la cofinanciación de las ayudas agrícolas para el período 2007 – 2013 merece el más absoluto rechazo por parte de ASAJA. En este sentido, esta Organización exige al Gobierno y a los grupos políticos españoles presentes en el Parlamento Europeo que voten en contra de ésta propuesta en el Pleno que tendrá lugar a comienzos del mes de junio.
El informe del eurodiputado alemán Boge constituye un ataque a la línea de flotación de la única Política realmente Común de la Unión Europea, consagrada en el propio Tratado de Roma, y supondría la desaparición de los principios de la propia Comunidad Europea, tales como la equiparación de las rentas de los agricultores al resto de la sociedad o la solidaridad financiera.
Esta propuesta va, además, en contra de lo acordado por los Jefes de Estado y presidentes de Gobierno en Cumbre europea de octubre de 2002, en la que se decidió el gasto agrícola para la UE a 25 hasta el 2013 y donde no se contemplaba la entrada de nuevos países en la UE, como Bulgaria o Rumania y eventualmente Croacia. En opinión de ASAJA, estas nuevas incorporaciones deben tener un presupuesto adicional, sufragado por todos los europeos y no solo por los agricultores.
ASAJA recuerda que, en contra la tesis del Sr. Boge quien sostiene que “ la agricultura sigue representando un volumen desproporcionado de créditos”, los gastos de la Política Agraria de la UE representan menos del 0.5% del PIB comunitario (muy por debajo del 5% que aporta la agricultura a dicho P.I.B.), mientras que garantiza la soberanía alimentaria europea, con unos elevados requisitos en materia ambiental, de bienestar animal, trazabilidad y calidad de los productos agroalimentarios europeos, a la vez que ocupa el 80 % del territorio de la Unión, siendo el principal garante del entorno y el medio natural.
La propuesta de Boge introduce la renacionalización de la PAC, principal peligro para España, que va a ver mermados los ingresos procedentes de la Unión Europea como consecuencia de la ampliación de la UE y de las propuestas en materia de perspectivas financieras que afectan, no solo a la agricultura sino también a los fondos estructurales y el fondo de cohesión. Y esta renacionalización no afecta solo al Gobierno central sino también a las Autonomías que deberán participar en la financiación de las ayudas agrícolas, por lo que el rechazo a la propuesta debe ser unánime y por parte de todos los grupos políticos representados en el Parlamento Europeo.
En cuanto al Gobierno central, este asunto debe ser tratado como cuestión de Estado ya que la agricultura española será la principal perjudicada. Si bien Francia sería el país que más vería recortadas las ayudas de la UE en términos absolutos, si las pérdidas las computamos en relación con el volumen anual de ayudas de la PAC, resulta que España es, de lejos, la principal afectada, situación que se agrava con la aplicación de la reforma de la PAC que prevé serios recortes en las rentas de los agricultores y ganaderos españoles.
Esta circunstancia debe tenerse muy presente por parte del gobierno de España que tiene que buscar alianzas firmes para evitar que esta propuesta prospere en el seno de la Unión y se mantenga el cumplimiento de los compromisos adoptados en octubre de 2002 y el respeto de los principios de la Unión Europea, y por tanto, de la PAC.
