La Comisión Electoral de Caja España tendrá que decidir sobre la validez de los 800 avales a la lista de impositores que ha recogido ASAJA en cientos de municipios rurales de la región previamente a ser facilitado el modelo oficial de aval, aprobado esta semana.

La Comisión Electoral de Caja España tendrá que decidir sobre la validez de los 800 avales a la lista de impositores que ha recogido ASAJA en cientos de municipios rurales de la región previamente a ser facilitado el modelo oficial de aval, aprobado esta semana. La organización agraria ha venido recabando avales para apoyar la candidatura para la lista de impositores que va a presentar a las elecciones de Caja España, utilizando un formato con un contenido más amplio que el que recoge el modelo oficial de aval aprobado por la Comisión Electoral. El día 24 de abril, cuando se abrió el plazo para presentar candidaturas y se entregó el modelo oficial de aval, ASAJA de Castilla y León tenía ya recogidos apoyos de 800 impositores en las provincias de León, Zamora, Valladolid y Palencia. ASAJA espera que estos avales, recogidos en cientos de núcleos rurales de la región, y que manifiestan el deseo expreso de apoyar la lista de ASAJA a Caja España que encabezará Donaciano Dujo, sean validados por la Comisión Electoral, ya que no parece que puedan existir razones de peso para lo contrario.

La solicitud para la homologación de estos cientos de avales se presentó el pasado martes día 26 dirigida al presidente de la Comisión Electoral. El presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo, ha dado poderes al gabinete jurídico Álvarez Higuera de León capital, para representar a ASAJA y a su candidatura tanto ante la Comisión Electoral como ante la justicia ordinaria.

Ante un posible pacto de la mayoría de las fuerzas políticas, sindicales y empresariales para concurrir en candidatura única a las elecciones de Caja España por el grupo de impositores, ASAJA de Castilla y León exige respeto a otras opciones, como puede ser la de la organización agraria, y unas reglas de juego iguales para todos que garanticen el derecho de los impositores a elegir a quienes crean que pueden ser sus mejores representantes, sin que el poder económico o político tenga un papel decisivo en el proceso.