Para forzar a que el Gobierno regional presente de una vez la nueva normativa, el presidente y el secretario general de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo y José Antonio Turrado, junto con el resto de responsables de organizaciones agrarias, se han reunido el viernes 18 de marzo con el Partido Socialista, que prepara una proposición no de ley de regulación de explotaciones ganaderas que presentará próximamente en las Cortes.

Desde que, en el pasado mes de junio, ASAJA de Castilla y León abandonara la comisión creada para estudiar la legalización de explotaciones ganaderas ubicadas en los cascos urbanos, en protesta por la falta de voluntad política para solucionar un problema que afecta a prácticamente la mitad de las granjas de al región, no ha existido ningún paso significativo en este sentido.

Para forzar a que el Gobierno regional presente de una vez la nueva normativa, el presidente y el secretario general de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo y José Antonio Turrado, junto con el resto de responsables de organizaciones agrarias, se reunieron el viernes 18 de marzo con el Partido Socialista, que prepara una proposición no de ley de regulación de explotaciones ganaderas que presentará próximamente en las Cortes. ASAJA considera que es urgente la publicación de una nueva normativa que permita a los ganaderos no estar en una situación de “alegalidad”, expuestos a cualquier posible denuncia o incluso a que se cierre su explotación, perdiendo su medio de subsistencia.

ASAJA transmitirá al PSOE sus reivindicaciones principales. La primera, que se considere el casco urbano como la suma del Plan de Ordenación Urbana, más 500 metros de radio. También ha pedido que no se defina ningún tamaño de municipio, sino que se permita la legalización independientemente de aquel.

Las explotaciones a legalizar por esta normativa deben ser todas aquellas que no pasan por evaluación de impacto ambiental, y que tampoco pueden obtener su licencia por petición al ayuntamiento; por lo tanto, serían las incluidas entre las 15 y las 100 UGM.

Para ASAJA, la validez no tendría por qué limitarse en el tiempo, salvo que existieran problemas para su continuidad. En este último caso, el periodo mínimo de vigencia sería de 15 años o la vida profesional del promotor, en el caso de ser éste menor de 50 años. Además, habría que adecuar los requisitos y medidas correctoras al tipo e explotaciones a legalizar, no exigiendo lo mismo que para las nuevas legalizaciones, ya que mayoritariamente se otorgarán licencias con caducidad, frente a las nuevas, que van a ser de por vida e incluso transmisibles.

La documentación a presentar por el ganadero tiene que ser, según pide ASAJA, sencilla. No deben exigirse, al menos en un primer momento, memorias u otros documentos técnicos, complejos y caros para el ganadero, y más sin conocer siquiera si va a poder legalizar su explotación. Además, es fundamental agilizar la puesta en práctica de la medida y dar un plazo adecuado para que todos los interesados puedan presentar su solicitud, así como acelerar la tramitación posterior.

Finalmente, ASAJA subraya que sin un compromiso e implicación de los ayuntamientos a través de su federación regional, poco o nada se va a poder hacer, por lo que es fundamental la actuación de las distintas administraciones. Además, en el caso de que se saquen las explotaciones fuera de los cascos urbanos, las administraciones deberán dotar alguna zona fuera del municipio que pueda ser polígono ganadero y que disponga de todas las infraestructuras necesarias.