Las cuatro organizaciones agrarias firmantes del Acuerdo Marco Interprofesional del sector remolachero-azucarero en la zona norte (ASAJA, CNECRCA, COAG y UPA) han manifestado su unánime y absoluto rechazo a la propuesta de contratación de remolacha a bajo precio (36 euros, frente a los 48 habituales) realizada por Azucarera Ebro, con el objetivo de cubrir su cupo al reducirse la producción en el sur de España

Las cuatro organizaciones agrarias firmantes del Acuerdo Marco Interprofesional del sector remolachero-azucarero en la zona norte (ASAJA, CNECRCA, COAG y UPA) han manifestado su unánime y absoluto rechazo a la propuesta de contratación de remolacha a bajo precio (36 euros, frente a los 48 habituales) realizada por Azucarera Ebro, con el objetivo de cubrir su cupo al reducirse la producción en el sur de España.

En una carta, remitida esta mañana a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, y al consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, José Valín, las cuatro OPAS califican a la propuesta de Azucarera Ebro de “ilegal”, puesto que va contra el AMI, el Acuerdo Marco Interprofesional que marca y regula las relaciones entre industria y cultivadores. Además, de seguir adelante tendría funestas consecuencias para nuestro país, puesto que cuestionaría toda la negociación de la Organización Común del Mercado del Azúcar que en estos momentos se desarrolla en Bruselas, puesto que sería tanto como asumir que se puede producir remolacha a unos costes que llevarían a la ruina a los profesionales del campo.

En la misiva las OPAS subrayan que han intentado buscar una solución al conflicto, ofreciendo a la industria una propuesta alternativa que permitiera mantener los argumentos necesarios de cara a la OCM. Esta propuesta supondría que se pagara esta remolacha “extra” a unos precios parecidos a la remolacha de cuota, y cubriría las apetencias del sector de sembrar más superficie, pero esta alternativa fue rechazada.

“Mucho nos tememos que, pese a la negativa de la parte agrícola, la industria tenga la intención de seguir adelante con su propuesta, por lo que no nos quedaría más remedio que ir a un arbitraje para demostrar la ilegalidad de esta contratación”, subrayan las OPAS en la carta. Para evitar este largo proceso, ASAJA, CNECRCA, COAG y UPA piden a la ministra y al consejero de Agricultura que intermedien en este problema, facilitando una aproximación entre las partes que, ante todo, permita al sector mantener una coherencia con las propuestas que se están llevando a cabo en Bruselas.