A los consejos reguladores tienen que llegar personas profesionales del sector primario o del agroindustrial que apuesten por la calidad, personas con criterio, moralmente merecedoras del cargo, sin conflictos de intereses, y dispuestas a defender el bien común.
La Junta de Castilla y León ha convocado para el mes de julio elecciones a la mayoría de los consejos reguladores de denominaciones de calidad en el ámbito autonómico. Los consejos tienen como misión velar por el cumplimiento de las normas que regulan la producción y comercialización de ciertos productos agroalimentarios que, por sus características, han merecido un reconocimiento específico por parte de las autoridades agrarias, reconocimiento que supone una ventaja a la hora de llegar al consumidor y de abrirse nuevos mercados. Lo primero que hay que decir respecto a estas marcas de calidad, es que la utilización de las mismas es voluntaria por parte de productores e industriales, y que por tanto quien se acoge a ellas ha de asumir y cumplir el reglamento que le es propio, pues de lo contrario estaríamos hablando de un fraude. Los consejos no pueden amparar a los defraudadores y mucho menos acoger en su seno a agricultores o industriales que se quieran valer del cargo para “colar” por la puerta de atrás lo que no tiene cabida, y todo en defensa de sus intereses, sin pensar en el bien común. Sostengo pues que a los consejos reguladores tienen que llegar personas profesionales del sector primario o del agroindustrial que apuesten por la calidad, que estén dispuestos a someterse, respetar y hacer respetar las normas que en esta materia todos nos hemos dado, personas con criterio, moralmente merecedoras del cargo, sin conflictos de intereses, y dispuestas a defender el bien común.
En este proceso electoral es deseable que no se abra una batalla de siglas que nada interesa a los productores e industriales alimentarios, y que por el contrario se propicien candidaturas de consenso que integren las diferentes sensibilidades e intereses económicos entorno al producto que se está poniendo en el mercado. Hay que elegir a los mejores sea cual sea su afiliación política o sindical, provengan del mundo de las cooperativas o de la empresa privada, y una vez elegidos hay que exigirles que sean fieles a los intereses de quienes les han votado. Hay que propiciar una masiva participación en el proceso electoral, involucrar a todos los inscritos en estos consejos para que, con ilusión y entusiasmo, ejerzan el derecho a decidir sobre quiénes quieren que sean sus representantes. Y siendo cierto que los propios reglamentos establecen una paridad entre productores e industriales, a la hora de la verdad el equilibrio siempre se rompe a favor del sector transformador, y lo es así por varias razones, entre otras porque muchos de los industriales, sobre todo en el caso del vino, son también agricultores y figuran en ambos censos. Hay que evitar que una parte imponga sus criterios a la otra, y en esto tiene mucho que ver y decir la Junta de Castilla y León.
Al día siguiente de las elecciones, sería bueno que los nuevos consejeros se planteen una hoja de ruta para los próximos años, que en muchos casos tendrá que romper con rutinas y herencias del pasado. Necesitamos unos consejos reguladores que sean dinámicos en el funcionamiento, es decir, que no sean una administración paralela. Han de ser poco costosos para quienes tienen que pagar las tasas para su sostenimiento, se tienen que olvidar de inversiones faraónicas, de plantillas sobredimensionadas, de ejecutivos que cobran más de lo que valen, y tienen que destinar todos sus recursos humanos y materiales a asegurar la calidad de los productos, a promocionarlos en los mercados, a abrir nuevas vías de negocio y, en definitiva, a conseguir mayor valor añadido para productores e industriales inscritos en las denominaciones.
