En estos momentos se están gestando las bases del futuro plan hidrológico 21-27 de la Cuenca del Duero, en el que se juega mucho el sector.

Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA Castilla y León

Si siempre lo urgente impide avanzar en lo importante, con la covid ocurre aún más. Pero sería un error grave aparcar proyectos que eran necesarios antes del virus, y que lo serán todavía más cuando se supere. Y uno de ellos es que Castilla y León cuente con una superficie regable, modernizada, sostenible y acorde a sus posibilidades, que son más que las de otras partes del país, en las que sin embargo el porcentaje de agricultura en regadío es muy superior.

Precisamente en estos momentos se están gestando las bases del futuro plan hidrológico 21-27 de la Cuenca del Duero. Circulan ya las propuestas de la Confederación Hidrográfica, que en ASAJA hemos estudiado con detenimiento, conscientes de lo mucho que se juega el sector. Seguramente si preguntaran a los agricultores qué esperan del futuro plan del Duero, dirían que contar con mayor dotación de agua, modernizar regadíos existentes, o planificar nuevas zonas regables. En el caso de regantes con concesiones de aguas subterráneas, seguramente apuntarían la necesidad de poder rotar de parcelas o proyectar la recarga de acuíferos que lo necesiten. Y por supuesto, en todos los casos, pedirían una gestión prudente y eficaz para evitar las inundaciones que periódicamente arrasan cultivos y naves, mejorando el estado y limpieza de los cauces, así como menos trabas en las farragosas tramitaciones burocráticas.

Sin embargo, poco o nada de esto aparece en los cientos de folios en los que la Confederación establece los esquemas de trabajo para el futuro plan hidrológico. Por el contrario, en todo momento se considera al sector agrario un contrincante molesto al que hay que acorralar. Así, se apuntan reducciones en las dotaciones de agua, se obstaculiza el uso de aguas subterráneas, se marcan caudales máximos ecológicos que perjudicarían el riego en los meses más necesarios, se intenta que el sector agrícola cargue con la responsabilidad de la contaminación difusa de las aguas, y se anuncia una ampliación en el dominio público hidráulico, que implicaría para el agricultor perder todavía más superficie. Es decir, se proponen recortes de todo tipo en el uso del agua, y además se quiere incrementar el porcentaje que ya asume el sector en las obras hidráulicas de la red de regadío.

Propuestas todas ellas que tienen una traducción directa en el trabajo del agricultor, y que implican mayores costes y pérdida de rentabilidad para las explotaciones. Eso sí, la Confederación sigue sin dar una participación clara, con voz y voto, a las organizaciones agrarias, seguramente para que no le estorbemos demasiado. Pero eso no impedirá que presentemos alegaciones, y nos tendrán de frente, porque en el regadío está el futuro y la esperanza de muchas familias agricultoras. Donde hay agua, hay producción, empleo y vida en los pueblos. La prueba es que en las comarcas con regadío modernizado hay más incorporaciones de jóvenes agricultores.

Por supuesto que desde ASAJA defendemos la sostenibilidad. Y no puede haber nada más sostenible que un regadío modernizado, que mide cada litro de agua que consume, y que a la vez transforma ese agua en alimentos. Planes que presumen de defender la sostenibilidad del territorio, si a la postre acarrean tener que expulsar a sus habitantes y ampliar el desierto demográfico, no pueden ser buenos planes.