Celedonio Sanz Gil. Articulista Agrario

Aunque finalmente se ha retrasado un año su entrada en vigor, en este mes de marzo estaba previsto para todas las explotaciones porcinas existentes (ya se aplicaba para las nuevas instalaciones) la aplicación de las exigencias establecidas en el Real Decreto 159/2023 sobre bienestar animal, que incrementa las superficies de suelo disponibles en función del peso de los individuos, las condiciones y el manejo de los animales. Incluye medidas como destinar el 2,5 por ciento de la superficie a zonas de observación y aislamiento, instalar aparatos de medida y registro de concentración de determinados gases, nuevas condiciones respecto a los procedimientos de alimentación, disponibilidad de agua, formas de los comederos y endurece los mínimos de influencia medioambiental en los materiales y condiciones de las instalaciones.

Esta normativa, parida por el Ministerio de Agricultura, no fue negociada en ningún momento con las organizaciones ganaderas y la Administración central se había negado hasta ahora a establecer nuevos periodos de adaptación de las explotaciones o a posponer su aplicación en determinados casos.

De acuerdo con los cálculos realizados por las organizaciones del sector (recordamos que en las nuevas granjas ya llevan dos años en vigor), estas medidas suponen que, para mantener los mismos niveles de producción, el espacio disponible en las explotaciones porcinas se debe incrementar en torno al 15 por ciento, y con las actuales infraestructuras supondrá un descenso cercano al 10 por ciento de la cabaña nacional y conllevará una subida de los costes de producción superior al 5 por ciento.

Hay que poner de manifiesto que esta normativa no es la trasposición de ninguna legislación comunitaria. En muchos ámbitos está por encima de las exigencias de la UE y supondrá una importante pérdida de competitividad del sector porcino español, tanto con respecto a los productores de otros países europeos como de terceros países con los que deben competir las exportaciones españolas en los mercados internacionales. Todo esto se suma a los requisitos que se imponen respecto a base de tierra cultivable, distancia entre explotaciones, distancia con núcleos urbanos o zonas de especial interés medio ambiental, capacidad, cubrimiento y almacenaje de purines o las condiciones y la maquinaria precisa para su aplicación como abono en los cultivos.

La aplicación final de esta normativa se produce en plena polémica en Castilla y León por la Proposición no de ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario de Vox en las Cortes el pasado 11 de diciembre. En ella, advierte que las normas actuales no protegen a las bodegas y viñedos amparadas por figuras de calidad y pide a la Administración autonómica un trato especial a estos espacios frente a la instalación de explotaciones ganaderas. Una iniciativa en la que Vox es “el tonto útil”, ya que responde a las exigencias de diversos responsables de bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero que no quieren “malos olores” y la “suciedad en el paisaje” dentro de su territorio, para que no incomodar a los inversores y visitantes para sus planes de expansión en el sector turístico. Unas señoras y señores que han roto de improviso todas las cadenas de solidaridad del sector agrario, al que, está claro, ellos y ellas han dejado de pertenecer. Ahora se creen en un estatus superior.

Es muy curioso el lenguaje y el tono que emplean estas personas en sus declaraciones para justificar sus planteamientos y esta iniciativa contra la ganadería intensiva. Aseguran que no quieren acabar con el sector porcino, solo quieren que no esté a su lado, que no hieran los sentidos ni manchen las ropas de estos señoritos. Como en estas zonas es casi imposible que se apruebe la instalación de nuevas explotaciones o la ampliación de las ya existentes lo que plantean, al final, es acabar con las instalaciones que funcionan y llevan mucho tiempo en marcha.

Usan también los argumentos del ecologismo radical y repiten hasta la saciedad el término “macrogranja”. Una palabra no admitida por la RAE que tampoco tiene una definición legal y que ya ha dejado de ser un nombre, un sustantivo, que designa a una granja grande, con muchos animales. Ahora, la pronuncian con un deje malévolo, como un insulto, como sinónimo de opresión animal, de contaminación ambiental y de especulación. Sin dar más detalles. Si afirman que están contra las macrogranjas ya no caben más argumentos y consideran que es una verdad axiomática con la que todos debemos estar de acuerdo.

Estos bodegueros y bodegueras de nuevo cuño parece que no quieren darse cuenta de que el cultivo de la vid también requiere abonado, el nitrógeno es fundamental para las plantas y el mejor es el orgánico. Tampoco de que no es bueno tomar el vino a palo seco, hay que acompañarlo con un buen jamón serrano, un buen chorizo de Cantimpalos, unos buenos torreznos de Soria, al degustar un asado de cochinillo segoviano o un cochifrito.

Todos excelentes compañeros de viaje que nacen en estas tierras y tienen su origen primigenio en estas explotaciones ganaderas que han logrado que estos productos mantengan su calidad tradicional y un precio asequible para todos los ciudadanos. Manjares de la vid y del cerdo que siempre han ido de la mano, y ahora, de forma inopinada, estos señoritos quieren apartar a los ganaderos, dejarlos a un lado, como los nuevos apestados.