Por Celedonio Sanz Gil. Analista agrario

El año 2020 ha sido muy duro para el medio rural. Las muertes por Covid-19 han afectado, sobre todo, a personas de edad avanzada. En todos los pueblos, semivacíos y envejecidos, ha habido que despedir a personas muy queridas, casi siempre en la distancia, lo que aumenta el pesar. Un cruento goteo que amenaza con continuar. Todos ellos estarán en nuestro recuerdo y solo queda esperar que las autoridades sanitarias no se olviden de que la gente que queda en esta España vaciada es, en esencia, un colectivo de riesgo y la vacunación debe llegar a todos en las debidas condiciones y a su debido tiempo.

Es evidente que la pandemia ha provocado una grave crisis económica y social, cuyos efectos se agravarán en el transcurso de este próximo 2021 porque no se augura una pronta eliminación de las medidas obligatorias de restricción de la movilidad. Seguirán cayendo el consumo y la inversión privada y los planes de recuperación estarán siempre supeditados a la obtención de fondos comunitarios, que deben ir destinados a proyectos concretos, centrados en mejoras de energías renovables, economía circular e implantación de nuevas tecnologías.

Todo lo que suceda en los próximos ejercicios estará marcado por la evolución de la pandemia y el sector agrario no será inmune. Ni los postulados de la nueva reforma de la PAC, a la que seguirán dando vueltas los miles de funcionarios a los que mantiene ocupados.

A cada agricultor y ganadero le preocupará lo suyo, su sector específico. En líneas generales podemos decir que la situación será dura. Los precios de los medios de producción, sobre todo de los piensos, están por las nubes y los precios al productor por los suelos. La demanda de carne no se recupera con los restaurantes cerrados y los turistas aparcados en sus países de origen. Ya sabemos que da igual que la cosecha sea buena o mala porque los precios seguirán siendo los mismos de hace cuarenta años, y en los productos hortícolas la amenaza de las importaciones de países terceros volverá a recaer sobre las cotizaciones de la producción nacional.

Pero, por encima de consideraciones puntuales hay dos tendencias fundamentales para el campo en un futuro próximo, que están interrelacionadas y cuyas bases están ya plenamente asentadas en la sociedad actual.

Por un lado, la implantación tan necesaria como imprescindible de la economía verde, ecológica, renovable o circular y el bienestar animal. No hay marcha atrás, es preciso que los agricultores y ganaderos profesionales valoren estos criterios de economía circular tanto como los meramente productivos. Los recursos naturales son finitos, tanto los combustibles fósiles para producir energía como el agua o la tierra de cultivo. La acumulación de residuos y la contaminación generada, los gases de efecto invernadero, y el consiguiente calentamiento del planeta están acabando a marchas forzadas con la biodiversidad. Los agricultores y ganaderos tienen que hacer valer su importancia positiva en la mejora del aire y del medio ambiente e integrarse plenamente en esa economía circular que apoya las energías renovables y la transformación de residuos para reducir la contaminación.

Hay que adoptarlo en todas las fases productivas. Tienen que hacerlo las multinacionales que producen maquinaria o semillas, abonos o fitosanitarios y hay que hacerlo en las tierras y en las granjas. Las luchas cuando se prohíbe el empleo de ciertos productos dañinos o más contaminantes son estériles, la sociedad no las comprende, y, al final, responden al juego de las grandes empresas por encima los intereses reales del sector productor.

Junto a ello, se está planteando la evolución de las nuevas formas de explotación agraria. El auge de esos postulados “verdes” está llevando a las empresas de distribución y consumo final alimentario a controlar cada vez más todo el proceso de producción de los productos que ofrecen al consumidor. Sus exigencias se elevan sin freno, no solo en cuanto a cantidad y calidad de suministro, nivel de ofertas y fechas ciertas de abastecimiento. Ahora entran en los procesos productivos desde su inicio y, en muchas ocasiones, esas exigencias, por muy verdes que sean o que se crean que son, no es posible que puedan asumirlas explotaciones familiares.

La cuestión del tamaño y la concentración de las estructuras productivas agrarias va a ser un punto esencial a medio plazo. Los proyectos de macrogranjas o grandes explotaciones parecen abandonados por el rechazo social que generan. Frente a ello, la estrategia de las compañías es ahora comprar o simplemente ocupar el lugar de explotaciones de pequeño o mediano tamaño para lograr las sinergias y ahorro de costes que persiguen. Sociedades a las que no les preocupan las exigencias de la PAC, porque pueden renunciar a sus ayudas, y con las que es muy difícil que puedan competir los jóvenes agricultores y ganaderos que quieran establecerse en la actividad agraria.

Un proceso al que la misma pandemia ha dado posibilidades de crecimiento porque la pandemia ha dejado muchas herencias sin herederos o herederos que no tienen ningún interés en la actividad agraria y ahora pululan por los pueblos muchos “linces” que se aprovechan.

 

“Todo lo que suceda en los próximos ejercicios estará marcado por la evolución de la pandemia y el sector agrario no será inmune”