Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA Castilla y León
Hace pocos días los ministros de agricultura de los 27 países UE aprobaron un principio de acuerdo sobre la nueva PAC. Se denomina PAC 21-27, aunque comenzará a aplicarse en su totalidad el 1 de enero de 2023 y, dado que se aprueba tarde, es más que probable que se prorrogue su vigencia hasta casi el final de esta década de los años veinte.
Nos guste o no a los agricultores profesionales, ya está decidido que tendrá un enfoque medioambiental y menos productivo. Desaparece el concepto de los pagos compensatorios a la pérdida de renta y las ayudas que llegan al sector se justifican a condición de que la actividad contribuya a mejorar y preservar el medio ambiente. Cosa que por otro lado pienso que los agricultores y ganaderos de Castilla y León ya veníamos haciendo, puesto que nuestra actividad mayoritariamente contribuye a la sostenibilidad del territorio.
Aunque ya están los mimbres principales de la futura PAC, y también su presupuesto, todavía hay unos meses importantes. Primero pasará por los conocidos como “trílogos” (Comisión, ministros de Agricultura y Parlamento), con capacidad de codecisión en la futura PAC. Un proceso que difícilmente terminará en lo que queda de 2020, así que su aprobación definitiva puede llegar en el primer semestre de 2021, con Portugal presidiendo la UE.
Después llegará la segunda parte: que los Estados miembros “rediseñen” la PAC a su medida, porque esta vez habrá más margen que nunca para que cada país oriente cómo la aplica. Pero tampoco será fácil, puesto que el plan estratégico que marque el ministerio de Agricultura tiene que estar supeditado a la aprobación por parte del Ministerio de Transición Ecológica.
Ese plan estratégico que tiene que elaborar España se presentará a la UE para su aprobación en los primeros meses del año que viene. Aunque el ministro Luis Planas ha dicho por activa y por pasiva que atenderá a criterios agroganaderos y no tanto territoriales, es obvio que el plan tiene que contentar o al menos no enfadar a las comunidades autónomas. Castilla y León estallaría si hay una pérdida de los fondos actuales. Por eso no nos gusta cuando oímos al señor ministro decir que la nueva PAC “tiene que ser mediterránea”, porque las producciones mayoritarias en nuestra comunidad autónoma, como el cereal o el ganado extensivo, son continentales. Nos parece muy bien que se quiera incluir a nuevos sectores, pero con el mismo dinero no se puede pretender llegar a más. Eso significaría recortar a los que hasta ahora accedíamos a la PAC, cuando soportamos precios de vergüenza y que en nada han subido en cuarenta años.
En la nueva PAC, hay dos cuestiones fundamentales: ¿Quién percibe las ayudas? y ¿por qué se perciben? Los receptores que marca Bruselas serán el agricultor genuino y el régimen de pequeños agricultores. Desde Castilla y León siempre hemos defendido la profesionalidad de nuestro sector, por lo que el agricultor genuino debe ser el empresario agrario, el que de verdad se dedica a esto, arriesga su dinero y su renta procede mayoritariamente de la agricultura y ganadería. El que además cotiza por ello en la Seguridad Social y, por qué no decirlo, cuenta con un seguro agrario para garantizar sus ingresos.
También es fundamental que los que reciban ayudas bajo el régimen de pequeños agricultores cumplan las mismas obligaciones que los genuinos, porque no puede ser que reciban ayudas gentes totalmente ajenas al sector, solo por tener las tierras a su nombre.
A la segunda pregunta, por qué pagan las ayudas, el enfoque principal es que se supeditarán al cumplimiento de medidas medioambientales que supondrán un coste añadido y que en muchos casos restarán productividad a las explotaciones. Para cobrar como hasta ahora la ayuda tendremos que hacer más cosas, tendremos que hacer más, para cobrar lo mismo.
Todo parece estar ya pensado, pero lo cierto es que nada está aprobado. La letra pequeña es determinante para saber qué cobraremos al final, y qué condiciones deberemos de cumplir. Los profesionales del campo estamos acostumbrados a los cambios, y hemos demostrado que sabemos adaptarnos. Solo pedimos que no nos enreden con normas absurdas que nos restan competitividad y que tengan en cuenta que la regla de la sostenibilidad es que la actividad pueda mantenerse.
