Se lo hemos dicho a los responsables de Azucarera, con palabras sencillas y claras: a ese precio la mayor parte de los agricultores no sembrará. La industria tiene que reconsiderar su postura.

Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA de Castilla y León

Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA Castilla y León

A finales de los años noventa todos nos referíamos a la remolacha como “el cultivo estrella” del campo de Castilla y León. Empresas y cooperativas competían para aumentar la molturación, y los agricultores demandaban cuota para poder sembrarla. Más de 8000 de las antiguas pesetas, unos 50 euros de hoy, valía la tonelada de remolacha.

Desde entonces el cultivo emprendió un camino descendente. El primer golpe importante llegó cuando se reformó la OCM de la remolacha, obligando a reducir al 50 por ciento la cuota nacional. El precio se redujo prácticamente a la mitad, 26 euros tonelada. En las explotaciones, hubo que echar mano de auténtica ingeniería financiera para mantener el cultivo, algo que muchos agricultores han hecho más por tradición y el anhelo de que permaneciera una producción que conocían bien y estimaban. Al precio internacional marcado, gracias al trabajo de las organizaciones agrarias en las mesas del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI), se lograron complementos pagados por la propia azucarera, que sumados a ayudas de las administraciones, permitió un precio de 42 euros tonelada. Precio aún por debajo del que había anteriormente, pero soportable: aunque se ganaba menos, nuestros remolacheros producían más y mejor.

Para el cultivador de remolacha, agricultor cabal y poco amigo de especulaciones, confiaba en que trabajaba bajo un acuerdo marco que protegía la contratación y el precio, como mínimo, hasta 2020. Pero de pronto, este mes de diciembre, una de las dos industrias, Azucarera, se descuelga de lo pactado. Se niega a pagar los seis y medio de complementos, con lo que la contratación que tiene en la zona Norte para el año se reduciría al precio de 26 euros, más los poco más de 9 euros de subvenciones. Desde ASAJA nos oponemos frontalmente a esta decisión. Se lo hemos dicho a los responsables de Azucarera, con palabras sencillas y claras: a ese precio la mayor parte de los agricultores no sembrará. La industria tiene que reconsiderar su postura. Si los precios ahora son malos, nada impide que a medio plazo mejoren, como ocurre con cualquier otra materia prima en los volátiles mercados mundiales. Seguir es posible, como prueba que la otra industria, en este caso cooperativa, ACOR, de manera valiente, clara y decidida mantenga el precio de la tonelada de remolacha en 42 euros hasta 2020, e incluso más tiempo si se diera la situación de que se alargara el actual periodo PAC.

En este momento crítico para el campo y para muchas zonas rurales de Castilla y León, puesto que el sector servicios ligado a la remolacha es importantísimo, las administraciones, ministerio y Junta, junto a las organizaciones agrarias, tenemos que hacer frente común para que Azucarera rectifique. Si la industria recibió de buen grado los fondos de reestructuración y también los buenos dividendos de los años en los que el precio del azúcar ha estado alto, debería dar la talla en estos momentos, en lugar de dar cobardemente la espantada. Si dejamos que se pierda la remolacha, perderemos un cultivo tradicional de nuestra tierra, una alternativa vital para nuestra pobre agricultura y unos conocimientos productivos atesorados durante muchos años.  Y no olvidemos que la superficie que hoy ocupa la remolacha se destinaría a otros cultivos, lo que ocasionaría también desajustes en los mercados y precios de otras producciones de regadío.

*Artículo publicado el lunes 17 de diciembre en El Mundo de Castilla y León

Compartir