José Antonio Turrado. Secretario general ASAJA Castilla y León

Ahora síHa dicho el ministerio de Agricultura que, después de hacer cruces informáticos con todas sus bases de datos, en España hay un millón de agricultores y ganaderos sin contar, claro está, a los asalariados del campo. Mucho me parece que haya un millón de empresarios agrarios en España después de la brutal reconversión que ha sufrido el sector en las últimas décadas y la consiguiente caída de ocupados cada año, por lo que esto solo se entiende computando conjuntamente al que de vedad vive del campo, con el anciano que tiene una viña registrada a su nombre, el que tiene unas ovejas para que le pasten la finca de campo, o quien todavía se aferra a tener tractor a su nombre y sacarlo para pasear a los nietos. No es verdad que cualquiera sea agricultor y no es verdad que haya mucho en común entre quien vive del campo o tienen en el campo su principal fuente de ingresos, y quien recibe alguna renta con una actividad marginal que tan siquiera le obliga a cotizar a la Seguridad Social, y quién sabe si tampoco a la Agencia Tributaria.

Al contar como agricultor a tanta gente con tan laxo criterio, se han encontrado con que la edad media por titular se eleva a los sesenta años, también una edad excesiva aún a sabiendas de que el campo está envejecido y el relevo generacional no llega como debiera. En medio de esta confusión el propio ministerio de Agricultura aclara que de ese millón de agricultores, más de la mitad, en concreto 582.000, apenas producen el tres por ciento de toda la riqueza que genera el sector, y que estimo en 2.500 euros brutos al año por explotación.

La riqueza del sector, que suma al valor de la producción, la compra de los medios de producción y el empleo directo e indirecto, la producen las explotaciones profesionales, la de los agricultores y ganaderos que, como persona física o bajo diferentes formas societarias, viven de forma exclusiva o prioritaria del campo. Esta agricultura profesionalizada ya no está en manos de los que superan los sesenta años, sino de forma mayoritaria en manos de los que no llegan a los cincuenta, y basan el éxito en la gestión empresarial, el trabajo sacrificado, la pasión por lo que se hace, y el apego a una tradición familiar, el apego a la tierra. Este es el modelo que predomina en Castilla y León, y el que debemos de preservar haciendo que la normativa le favorezca y que las ayudas y otros apoyos se dirija a él con una discriminación positiva, aunque somos conocedores, y más a raíz del informe que venimos citando, que la mayoría de nuestros “colegas” no son profesionales, y que ningún gobierno va a legislar para perjudicar a esa mayoría que decide en las urnas. Esta es la razón por la que la agricultura profesional no está  protegida del intrusismo.

Por qué una parte de los agricultores y ganaderos todavía no han recibido el anticipo PACOtro motivo de reflexión es el dato de que el 42 por ciento del valor de toda la producción sale de un 6,6% de explotaciones que se gestionan desde algún tipo de sociedad. Ante esta realidad incontestable, solo cabe decir que el modelo societario va en aumento, quizás por la propia dinámica del sector y de la realidad sociológica del campo, y que hay que apoyarlo en cualquiera de sus formas, empezando por las titularidades compartidas y terminando en las cooperativas, pero sin hacer de menos otras figuras societarias basadas en participaciones o sociedades civiles. Aquí, en cuestiones societarias, el carácter diferencial entre unas y otras, hay que buscarlo en la definición de explotaciones prioritarias que establece la Ley de Modernización de Explotaciones.

 

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