Pedro Medina, (Ingeniero Agrónomo), Ex−viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural
El proverbio campesino «No se puede recoger en otoño lo que no se sembró en primavera» encierra una sencilla lección sobre la importancia de actuar a tiempo. La frase utiliza el ciclo de la agricultura para recordar que ningún resultado aparece de forma espontánea. Primero hay que preparar la tierra, sembrar y esperar. Solo después llega el momento de recoger los frutos.
Los diferentes escenarios geopolíticos, las tensiones comerciales, la variabilidad climática y otros múltiples factores condicionan que el otoño de 2026 no es un otoño más. Son muchas las manifestaciones que indican la grave crisis que atraviesan los cereales, el vino la leche de vaca…, por citar sectores relevantes de Castilla y León, donde los productores señalan que los bajos precios de venta no llegan a alcanzar unos costes de producción que no paran de crecer. Este escenario sin duda condiciona la planificación y las decisiones de siembra de la próxima campaña.
Coincidiendo con el otoño, los agricultores reciben en sus cuentas el mayor volumen de las ayudas de apoyo al sector, principalmente las ayudas directas de la PAC. Este año, el 14 de julio se publicó un reglamento de la Unión Europea, con el objetivo de apoyar a los agricultores que experimentan problemas de liquidez causados por los elevados precios de los fertilizantes, dotando más flexibilidad en relación con el calendario de los anticipos de los pagos directos y permitir que dichos pagos se realicen en una fecha más temprana.
En el caso concreto de Castilla y León el pago se efectuará, en principio, a finales de septiembre en lugar del 16 de octubre, un anticipo que no significará en ningún caso que los agricultores reciban al final de año más dinero, simplemente un anticipo de fechas, que en mi opinión incluso puede provocar que los suministradores de los inputs principales (fertilizantes, gasóleos, glifosato) mantengan la tensión de los precios al alza.
También recientemente, a principio de septiembre, el ministerio ingresó en las cuentas de los agricultores las ayudas extraordinarias por el incremento de los costes por el uso de productos fertilizantes, con una cantidad de 117 millones distribuida entre 32.893 agricultores de Castilla y León. Son muchos los agricultores que manifiestan que las ayudas son importantes e imprescindibles para garantizar su renta, pero a la vez que, en situaciones de crisis como la actual, no son suficientes, incluso considerando las medidas extraordinarias de emergencia.
En términos de ayudas, los agricultores reciben ingresos con tres fuentes de financiación principales: los fondos europeos, las transferencias de los presupuestos generales del estado y los fondos propios de las Comunidades Autónomas. A este respecto, generalmente es en otoño cuando las diferentes administraciones presentan sus proyectos de presupuestos en los que se indica el dinero y las medidas a las que se destinará.
Dejando al margen el presupuesto de la Unión Europea 2027, definido en el marco financiero plurianual 2023-2027, otoño 2026 no será relevante, pero sin embargo sí será muy transcendental de cara al nuevo marco financiero 2028-2034, al que me referiré más tarde.
Este otoño 2026 conoceremos, o no, el proyecto de presupuestos generales del Estado, después de continuas prórrogas, y es más que probable que de nuevo no se apruebe. A este respecto, en alguna ocasión escuche a un procurador en Cortes decir que “la administración ejecutaba mejor los años sin presupuesto que los años en los que sí existía, cumpliendo con el mandato constitucional”.
Así hemos visto cómo en este año 2026, sin presupuestos nacionales aprobados, se ha hecho frente a situaciones emergencia con dotaciones elevadas, incluso superiores a la dotación de un presupuesto normal, haciendo uso creciente de las ayudas de mínimis y de los marcos temporales de apoyo en situaciones de crisis. Por citar las más importantes directamente relacionadas con el sector agrario:
– Un plan de medidas de 2.174 millones de euros en ayudas directas para las explotaciones afectadas por las borrascas, en 619 municipios de Andalucía y Extremadura,
– 665 millones de euros para las ayudas extraordinarias por el incremento de los costes de los agricultores por el uso de productos fertilizantes.
Sin embargo, he de decir que la ejecución a fecha actual de estas medidas solamente alcanza: el 60% en el caso de las ayudas a las borrascas (restan 870 millones de euros) y el 74,4 % en el caso de las ayudas a los costes de los fertilizantes (restan 165 millones de euros sin ejecutar). Es decir, más de 1.000 millones sin ejecutar por el Ministerio de Agricultura, circunstancia que debería hacer pensar cómo reutilizarlo. Un ejemplo podría ser conceder ayudas suplementarias de apoyo a los fertilizantes de hasta el 200 % de la cantidad fijada para España de 50,174 millones de euros, en el Reglamento 1894/2026 de 27 de julio sobre la reserva de crisis; o también, por qué no, un régimen de mínimis para los agricultores cerealistas profesionales.
En el caso de las Comunidades Autónomas, son pocas las que, hasta el momento, han hecho uso de ayudas de Estado para situaciones de emergencia, salvo Andalucía, con una dotación de 500 millones de euros de fondos propios para las ayudas a las borrascas, y en menor cuantía para el apoyo a los fertilizantes en la Rioja y Baleares.
En otoño conoceremos los presupuestos de las diferentes autonomías para el año 2027. Y también es un otoño diferente porque 2027 es el último año de la actual PAC, lo que de forma especial afecta a las intervenciones cofinanciadas por el Feader, con fondos del Estado y fondos de la Comunidad Autónoma.
Además, en el caso de Castilla y León será el primer presupuesto que se apruebe de la actual legislatura, y es necesario destacar, al margen de los compromisos asumidos en el debate de legislatura y la comparecencia del consejero, dos situaciones específicas. Por una parte nos encontramos con medidas de ejecución de carácter anual, como son las ayudas a las explotaciones en zonas con limitaciones, cuyo grado de ejecución del Feader a fecha actual el de más del 80 % (sin tener en cuenta los compromisos de la solicitud de 2026) y por tanto para seguir convocando en 2027 sería necesario un esfuerzo financiero de fondos propios de la Comunidad Autónoma. Y otra parte, la necesidad de presupuestos ambiciosos para las medidas de modernización e inversión que pueden acogerse la regla N+2, como una buena práctica que minore el arrastre de importes a otras anualidades de las que, por el momento, no se conoce el escenario definitivo del marco financiero 2028 -2034, pero todo apunta a un escenario difícil.
En cuanto a los fondos propios no vinculados a financiación europea o transferencias finalistas, en el caso de Castilla y León se deberá reflejar los compromisos asumidos en el programa de legislatura y en su caso para situaciones extraordinarias, pero mucho me temo que no diferirán sobre los presentados en 2025, para este 2026, que no fueron aprobados.
Para finalizar, este otoño 2026 está previsto el cierre de la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y de conocer cuál será el volumen presupuestario disponible para la PAC post 2027 (a concretar posteriormente por los Estados mediante sus respectivos Planes Nacionales). La nueva gobernanza supone una transformación radical, hasta el punto de eliminar los dos pilares tradicionales de la PAC y sus respectivos Fondos: el Feaga y el Feader. A la vez, se reduce sustancialmente su presupuesto y se limitan solamente a cuatro las medidas de apoyo a los agricultores con financiación exclusivamente del nuevo Fondo Único, y además se hace énfasis en la aplicación de mecanismos de reducción de las ayudas por explotación, con la degresividad y el capping.
En consecuencia, para conseguir empatar o igualar el nivel de apoyo actual al sector será necesario un esfuerzo presupuestario mayor por los estados miembros con fondos del estado y de las Comunidades Autónomas, algo que debería verse reflejado en los escenarios plurianuales del presupuesto. Un ejemplo muy claro son las actuales ayudas a los ecorregímenes, con una dotación anual en España en torno a 1.100 millones de euros, que actualmente son fondos Feaga totalmente y que en un futuro pasarán a ser cofinanciados. En consecuencia, mantener el apoyo a los agricultores y ganaderos en extensivo exigirá un importante esfuerzo.
Hay otras medidas estructurales que ni siquiera se contemplan de forma explícita en el nuevo Fondo Único, como son las inversiones en infraestructuras agrícolas (regadíos, concentraciones parcelarias...), o las inversiones en la industria agroalimentaria. Estas medidas entrarán en competencia con las inversiones en carreteras, ferrocarriles, instalaciones energéticas, lo que augura un escenario complicado.
Por todo ello, el otoño de 2026 no es un otoño más en el sector agrario, en este sentido cobra mayor importancia la enseñanza principal del proverbio campesino es que: los resultados dependen de las acciones que se realizan previamente.
