El Consejo Agrario de Castilla y León, celebrado hoy en Medina del Campo, ha incluido la firma por parte de Junta de Castilla y León y Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) de una declaración conjunta en la que se recogen las principales reivindicaciones que el sector agrario de la Comunidad exige que sean tenidas en cuenta para el próximo período de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034. Este texto ha sido presentado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.

El documento incluye, entre otras reclamaciones, el mantenimiento en la PAC de la actual estructura de dos pilares, el incremento de su dotación presupuestaria, incentivar el relevo generacional o la participación de las comunidades autónomas en su diseño. Donaciano Dujo, presidente de ASAJA de Castilla y León, ha valorado el acuerdo logrado por el sector en unidad de acción, y ha defendido “una PAC fuerte y mejor financiada, que apueste por los agricultores y ganaderos profesionales y que se libre de burocracias y normas agroambientales absurdas”. Además, ASAJA ha subrayado la importancia de que la Unión Europea proteja a sus propios agricultores y exija a los productos de terceros países que “cumplan las mismas normas que a nosotros se nos piden, porque están hundiendo la rentabilidad de nuestras explotaciones”, ha añadido Donaciano Dujo.

Entre las principales reclamaciones que integran el documento cabe destacar el mantenimiento de la actual estructura en dos pilares (FEAGA y FEADER), ante la posibilidad de que exista un fondo único donde cada Estado decida su distribución, y un incremento de la dotación presupuestaria dentro del Mecanismo Financiero Plurianual (MFP).

Asimismo, la declaración se refiere a la necesaria puesta en marcha de estímulos económicos para promocionar el relevo generacional; la imprescindible participación de las comunidades autónomas en el diseño de la PAC post 27, o la inclusión de un criterio de despoblación para el reparto de los fondos.

También habla de abundar en la simplificación y reducción de trámites burocráticos o de la mejora en las infraestructuras de regulación de los recursos hídricos, ligadas a una apuesta decidida por la modernización y transformación de regadíos.

Otras de las propuestas que también se incluyen en la declaración atañen a que las prácticas de protección del medio ambiente no supongan una limitación de la capacidad productiva, favoreciendo su aplicación mediante incentivos; el establecimiento de mecanismos legales que aseguren precios justos para los agricultores y ganaderos, además de otros que hagan lo propio con la aplicación del principio de reciprocidad para los productos importados y técnicas genómicas; el compromiso de no retirar sustancias fitosanitarias si no se dispone de alternativas viables; o la implementación de programas que apoyen la transformación digital.

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