La última evaluación de daños realizada por los servicios técnicos nacionales de ASAJA eleva a 2.685,5 millones de euros las pérdidas por sequía que registra el campo español.
La entrada de las cosechadoras de cereal en el campo está confirmando lo que mucho nos temíamos, la cosecha de cereales de invierno puede sufrir un recorte cercano al 50 % respecto a 2004. Frente a los 19 millones de toneladas de una cosecha media, la estimación para éste año ronda los 8 millones de toneladas, lo que supone unas pérdidas, en cereales de invierno, de 1.320 millones de euros y sitúa esta campaña como la peor de los últimos diez años.
A estas pérdidas hay que sumar las correspondientes al cereal de verano, que sufrirá un recorte del 20%; el girasol, con una reducción de cosecha del 60% y las leguminosas y proteaginosas, cuya producción se ha visto recortada en un 75%.
Por lo que respecta a la ganadería, que a principios del mayo acumulaba 832 millones de euros en pérdidas, la situación actual es de extrema gravedad, ya que no solo se han incrementado las pérdidas hasta los 1.002,5 millones de euros, sino que las perspectivas de un largo verano por delante sin pasto natural hacen pensar que ésta cifra se puede multiplicar varias veces.
No obstante, conviene precisar que en esta evaluación de pérdidas no se ha tenido en cuenta otro tipo de producciones que, de prolongarse la ausencia de lluvias, pueden sufrir también importantes daños. Son los cultivos permanentes de secano (almendro, olivar y viñedo fundamentalmente), que ya se vieron seriamente afectados por las heladas y que pueden incrementar el capítulo de pérdidas si continúa la sequía. Igualmente, sufrirán pérdidas, en éste momento de difícil cuantificación producciones de regadío como hortalizas, algodón, maíz arroz…etc.
Ante esta situación que afecta ya a la mayor parte del campo español, ya que a la larga lista de Comunidades Autónomas afectadas se suma también Castilla y León, el ministerio de Agricultura y su titular, Elena Espinosa, parecen tener cosas mejores en las que emplear su tiempo ya que hasta ahora toda su actuación en esta materia se reduce a la elaboración de un borrador con posibles medidas, muy pobres para la magnitud del desastre que estamos evaluando, que ni siquiera han consensuado aún ni con las comunidades afectadas ni con las organizaciones agrarias
