La UE establece una penalización para las de consumo animal en el 17 por ciento

La penalización definitiva para las leguminosas de consumo animal será este año del 17 por ciento, frente a la registrada el año pasado, que fue tan sólo del 2,43 por ciento. Se trata de la mayor penalización registrada por los cultivadores españoles desde el año 1997, cuando se fijó en el 18,9 por ciento. La sanción, dada a conocer ayer por la Unión Europea, supondrá para Castilla y León unas pérdidas de más de 2,3 millones de euros.

Los cultivadores de leguminosas de consumo animal (vezas y yeros), cuya superficie máxima garantizada en la UE es de 240.000 hectáreas, cobrarán 150,52 euros por hectárea, es decir, 30,48 euros menos que lo que les correspondería si no existiera la penalización. En cambio, la superficie máxima garantizada para las leguminosas de consumo humano (garbanzos y lentejas), que asciende a 160.000 hectáreas, no ha sido rebasada, de manera que los productores no verían recortadas las ayudas y cobrarán los 181 euros correspondiente a la prima total.

En Castilla y León, esta situación es muy grave debido a la importancia que tienen estos cultivos. La Comunidad dispone de una superficie total de 65.171 hectáreas de leguminosas de consumo animal y 11.824 de consumo humano. La producción en la Comunidad representa el 20 por ciento del total de España, en especial las vezas, ya que cerca del 38 por ciento se cultiva en la Región.

Para ASAJA, estas cifras muestran la dejadez de las distintas administraciones por potenciar un sector con innumerables ventajas. Desde el punto de vista medioambiental, estos cultivos tienen efectos beneficiosos sobre el suelo, el control de la erosión y el empleo de menos cantidad de productos fitosanitarios y fertilizantes. Además desde la aparición del mal de las “vacas locas”, estos productos aseguran una proteína sana y muy rica para la cabaña ganadera, que serviría para mejorar la calidad de la carne y reduciría considerablemente las importaciones que se realizan actualmente.

ASAJA exige a las administraciones Regional y Nacional que en la reforma a medio camino de la PAC se luche por una ampliación de la superficie máxima garantizada, ya que, de lo contrario, se podría llegar al abandono de un cultivo que, dentro de las alternativas, es de los más beneficiosos desde el punto de vista medioambiental.