Las administraciones públicas lamentan con frecuencia la falta de relevo generacional en el sector agrario, pero olvidan que ningún medio de vida puede sostenerse sin ofrecer seguridad a medio y largo plazo. La agricultura y la ganadería están sometidas a una serie de condicionantes que, con frecuencia, escapan al control del profesional: los vaivenes del mercado que pueden devaluar el producto de un día para otro debido a conflictos arancelarios, cierres de fronteras o crisis internacionales; la climatología capaz de arruinar una campaña con una helada tardía o una sequía inesperada; y, por supuesto, los riesgos sanitarios siempre presentes y cada vez más frecuentes.

Lo hemos vivido recientemente con la lengua azul, la EHE o las alertas constantes por fiebre aftosa y gripe aviar. Y, a pesar de todo ello, el agricultor y el ganadero continúan resistiendo, invirtiendo, formándose y adaptándose. Lo que resulta verdaderamente inaceptable es que, a estas incertidumbres estructurales, se sumen unas administraciones que en lugar de facilitar, dificultan aún más el ejercicio de nuestra actividad. Burocracia asfixiante, normas cambiantes y una preocupante falta de previsión.

Quiero detenerme, en particular, en la situación de la ayuda a la producción ecológica. Cuando este artículo vea la luz, es probable que la convocatoria ya esté en marcha. Pero eso no elimina la incertidumbre, el desconcierto y la inseguridad que han presidido este proceso durante meses.
Muchos profesionales apostaron por la producción ecológica el pasado otoño, confiando en que, a comienzos de año, se activarían las ayudas o, al menos, se anunciaría la convocatoria. Lejos de ello, la Junta de Castilla y León repitió una y otra vez que lo más probable era que no se convocasen. Solo tras una intensa presión del sector y una evidente descoordinación administrativa parece haberse desbloqueado finalmente la convocatoria.

Mientras tanto, los agricultores ya han modificado sus explotaciones: han comprado semillas específicas, cambiado las técnicas de abonado, ajustado la carga ganadera y asumido los requisitos de un modelo que, a día de hoy, sigue siendo menos rentable. Todo ello impulsado por una narrativa institucional que desde Bruselas y desde el Ministerio para la Transición Ecológica presenta la producción ecológica como pilar estratégico de futuro.

Actuar de este modo no es serio, no es responsable y, desde luego, no es justo. El sector agrario español es profesional, resiliente y profundamente comprometido con su entorno. Puede hacer frente al clima, al mercado y a las enfermedades. Pero lo que no puede ni debe seguir soportando es la improvisación de quienes gobiernan y legislan sin tener los pies en la tierra.

Necesitamos una política agraria coherente, clara y estable. Solo así podremos atraer a los jóvenes al campo y garantizar la continuidad y el futuro del medio rural.