Empezamos el año convencidos de que, más pronto que tarde, se firmará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Damos por hecho que será ratificado porque, quienes nos posicionamos en contra, somos del sector agrario, un sector con muy poco respaldo social y que, además, representa pocos votos. En definitiva, esto es lo que mueve a los legisladores: los impulsan las fuerzas que aseguran su permanencia en el poder.

En este sentido, lo primero que hay que dejar claro es que el sector agrario, y por extensión el agroalimentario español, está a favor de firmar cuantos más acuerdos comerciales sea posible, siempre que exista igualdad de condiciones de producción en todos los aspectos. No en vano, en el ranking mundial de los principales exportadores de productos agroalimentarios, nuestro país ocupa el séptimo puesto. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, con el 8,7 % de cuota de mercado, seguido por Brasil (7,7 %), Países Bajos (6,9 %), Alemania
(5,2 %), China (4,9 %), Francia (4,4 %) y, finalmente, España con un 3,8 %.

Entiendo que, para una sociedad, lo más importante debería ser la alimentación, seguida del bienestar, el acceso a la sanidad y, finalmente, los bienes y servicios. Partiendo de esta premisa, la Unión Europea cuenta con los requisitos más estrictos a la hora de producir alimentos. La trazabilidad de un producto hasta el consumidor está garantizada y es pública en todo momento. El respeto al medio ambiente durante todo el proceso de producción es el más riguroso del planeta.

La legislación sobre bienestar animal, en muchos casos, ha provocado el cierre de granjas. Además, la dimensión limitada de las explotaciones restringe su rentabilidad. El control laboral, la regulación de competencias y horarios, junto con las políticas sociales a favor del desempleo que limitan la disponibilidad de mano de obra, garantizan la calidad de nuestros alimentos, pero también incrementan significativamente los costes en comparación con los productos de otros países que no tienen regulaciones similares. Actualmente, la UE tiene 44 acuerdos preferenciales con 76 socios, cuyo objetivo es facilitar el mercado para las empresas europeas mediante aranceles más bajos.

Sin embargo, también se supone que estos acuerdos animan a los socios a seguir normas medioambientales y sociales similares a las de la UE. Es aquí donde surge el problema: el incumplimiento de estas condiciones de producción coloca a nuestro sector agroalimentario en una posición de clara desventaja competitiva. En acuerdos anteriores, el sector agrario no mostró una oposición tan radical como en esta ocasión. Esto se debe principalmente a dos razones: la certeza de que nos volverán a engañar, como ha sucedido con la mayoría de acuerdos previos, en los que encontramos en el mercado productos que no cumplen los estándares que a nosotros se nos exigen; y, en segundo lugar, porque los países del Mercosur (Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil) son potencias mundiales en determinados productos de los que España también es exportador, pero bajo estrictos estándares de producción que ellos no cumplirán.

Una vez más, Europa y, sobre todo, el gobierno español traicionan al campo, abandonan el mundo rural, ignoran el medio ambiente y juegan con la alimentación de la sociedad para favorecer a otros sectores industriales.