Nueve representantes del sector ganadero de Castilla y León, entre ellos el secretario general de ASAJA, José Antonio Turrado, serán juzgados por un delito de usurpación de sede social y provocación de daños materiales a raíz de una denuncia de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL). El proceso estaba archivado y se ha vuelto a reabrir al recurrirlo el director general de la FENIL, Luis Calabozo, ante la Audiencia Provincial de Madrid, y darle ésta la razón.

Los representantes de los ganaderos se encerraron el 3 de septiembre de 2008 en la sede de la FENIL, en la Calle Ayala de Madrid, como acto de protesta por los bajos precios de la leche y la negativa de las industrias a mantener negociaciones con los productores. El encierro se prolongó hasta la mañana del día siguiente, cuando los manifestantes abandonaron el edificio tras recibir una orden judicial que les obligaba a ello. No fue el único acto reivindicativo de los ganaderos de Castilla y León ese año, pues antes habían protestado ante las instalaciones de Leche Pascual en Aranda de Duero, ante la consejería de Agricultura y Ganadería, ante la Delegación del Gobierno y ante la fábrica Lactiber y el centro Carrefour en León.

Ahora que los problemas del sector lácteo son tan graves –aún más que en 2008–, ASAJA acusa a la Federación Nacional de Industrias Lácteas y a sus empresas asociadas de falta de sensibilidad y respeto para con los ganaderos y sus representantes. “A la imposición de precios sin margen para la negociación y al reparto de rutas de recogida, que provocan que el mercado en la práctica sea un oligopolio, se suma su carácter autoritario tratando de anular cualquier representación del sector ganadero para poder seguir abusando del eslabón más débil de la cadena”, denuncia la OPA.

ASAJA considera que la representación actual de la FENIL es un serio obstáculo para un entendimiento entre la industria y el sector ganadero, para que de verdad algún día funcione la interprofesional láctea y para poner en marcha los acuerdos con los que el ministerio pretende que la leche sea un producto prestigiado que no se venda a pérdidas en ningún eslabón de la cadena.

ASAJA de Castilla y León considera que “las industrias lácteas deben parar este proceso judicial retirando la denuncia, aceptando unos hechos que se enmarcaron en la lógica de la lucha sindical y la defensa a ultranza de los intereses de los ganaderos por parte de las organizaciones profesionales que les representamos, y no malinterpretar este encierro sacándolo de su contexto, con ánimo revanchista”.