El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Salamanca dictó sentencia favorable a un ganadero de la provincia, reconociendo la responsabilidad patrimonial de la Administración por la muerte de una ternera como consecuencia del ataque de una bandada de buitres y obligando a indemnizar al propietario del animal por su valor económico.
Esta cuestión ya fue analizada en profundidad en la revista del pasado mes de enero por el abogado Rafael Riba García, responsable de la defensa del ganadero, quien explicó los fundamentos jurídicos y fácticos de este tipo de reclamaciones y la necesidad de acreditar tanto la causa del ataque como el daño sufrido.
Según recogió la sentencia, la actuación administrativa estuvo directamente relacionada con el perjuicio existiendo una relación causa-efecto directa, inmediata y exclusiva de entre el acto de la Administración y el daño ocasionado. Se trató de un caso de responsabilidad objetiva basada en la ausencia del deber jurídico de soportar el daño, sin valorar la actuación administrativa.
El fallo subrayó que la prohibición de cazar especies protegidas como el buitre no puede implicar que los ganaderos tengan el deber de asumir sin compensación los daños causados por estos animales. La provincia de Salamanca, que alberga una importante población de aves carroñeras y cuenta con nueve muladares, se encontraba en una situación crítica por la falta de alimento de aves carroñeras en estos espacios, debido principalmente a la escasez de recursos para su gestión, lo que había incrementado los ataques a animales vivos.
En el caso enjuiciado, la prueba fue determinante: un vecino presenció un ataque el día anterior sobre la misma cría, y un agente medioambiental ratificó en su informe que la ternera fue atacada aún con vida. La sentencia deja claro que no basta con demostrar que los buitres comieron del cadáver, sino que debe acreditarse que el ataque fue la causa directa de la muerte.
En situaciones en las que no se contara con un informe favorable del agente medioambiental, la vía alternativa consiste en presentar pruebas veterinarias o realizar una necropsia que permita confirmar que las lesiones han sido provocadas por los buitres.
Esta sentencia supone un importante precedente en la defensa de los intereses de los ganaderos frente a los daños provocados por especies protegidas, en un contexto marcado por restricciones legales no siempre acompañadas de sistemas de compensación justos.
