El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado la orden que limita, desde el 29 de mayo de 2023, el movimiento del ganado bovino en Castilla y León para, según el ministerio, «evitar poner en riesgo el estatus sanitario de la cabaña ganadera», como respuesta ante una resolución de la Junta de Castilla y León que vulnera la normativa estatal y europea, respecto a la erradicación obligatoria de la tuberculosis bovina en todo el territorio comunitario. La orden establece medidas inmediatas, tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el pasado 15 de mayo, de una resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que, aluden «incumple gravemente la normativa comunitaria y española en materia de erradicación y control de la tuberculosis bovina (Complejo mycobacterium tuberculosis)».

Además de esta orden, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado, el pasado 23 de mayo, un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución autonómica, por fijar un marco normativo más laxo que contraviene la legislación europea. La Comisión Europea también ha urgido al Gobierno de España a tomar medidas.

La medida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se mantendrá vigente «durante el tiempo necesario hasta que la Junta de Castilla y León derogue la resolución y restablezca el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional». Solo se permitirán los movimientos de bovinos fuera de Castilla y León si su destino directo es el sacrificio en matadero o, si el destino es distinto de un matadero, sólo se permitirá el movimiento a cebaderos bajo estrictos requisitos de sanidad tanto de los animales como de las explotaciones de origen. Las provincias de Burgos, León y Valladolid, que ya han sido valoradas favorablemente por la Comisión Europea como territorios libres de tuberculosis, quedan excluidas.

En España, las zonas oficialmente libres de la tuberculosis bovina son Asturias, Canarias, Galicia, Islas Baleares, Cataluña, Murcia y País Vasco, a las que recientemente se han añadido las provincias de Valladolid, Burgos y León, mientras que las restantes comunidades autónomas, entre ellas, Castilla y León tienen un programa de erradicación de la infección que es obligatorio de acuerdo con la normativa europea.

Castilla y León dispone de un programa regional incluido en el programa nacional de erradicación 2022-2030 aprobado mediante un reglamento europeo de obligado cumplimiento.